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Impunidad contra los periodistas: cuento de nunca acabar

              La reciente detención de dos periodistas, cumpliendo sus pautas durante la exhumación del cadáver del “Inca” Valero, y la conmemoración del mes de desaparición física del fotógrafo  Jorge Durán, situación que tiene como un velo de misterio y silencio,  ponen nuevamente sobre el tapete las condiciones de impunidad que reinan en trabajo de los periodistas y reporteros gráficos, que a diario deben enfrentar situaciones de violaciones de derechos humanos de parte de funcionarios e instituciones que se llaman defensores de unos derechos que más bien los violan.

 

                                                     La historia, para quienes no la conocen, es la siguiente: los fotógrafos del periódico regional Panorama Mawampy Bonillo,y de El Nacional, Enrique Rivera fueron apresados por la policía local junto a otra mujer en las afueras del cementerio de El Vigía, población natal del púgil Edwin Valero y donde están enterrados sus restpos, que serían exhumados por petición de los familiares.

 

        Ambos rotativos publican la misma versión: que ante la falta de visibilidad de la zona habilitada para la prensa, los periodistas gráficos buscaron en las afueras del cementerio un lugar desde el que tomar mejores imágenes. De esta manera, se colocaron en una casa colindante de la que fueron apresados junto a una empleada de la vivienda por orden de la juez Tamara Puente, directora del proceso de exhumación. “Ellos no violaron ninguna norma. Estaban fuera del cementerio”, denunció, desde las afueras de la comisaría al periódico Panorama, Víctor Serra, esposo de Bonillo, bueno, esa tampoco sería una gran referencia de objetividad, ya que es el conyugue de la detenida, pero igual, el motivo del encarcelamiento no parece tener sentido, salvo que sea una muestra más, de la utilización del poder, sobre todo, tomando en cuanto, que ambos profesionales, cumpliendo sus labores profesionales

 

              La periodista fue trasladada al comando de la policía de El Vigía junto al reportero gráfico Enrique Rivera en donde le notificaron que su detención se debió a que realizaron fotografías del mencionado acto.

 

         Las reacciones ante esta agresión no se hicieron esperar y el presidente del Colegio Nacional de Periodista, William Echeverría  dijo que el gremio periodístico se siente sorprendido ante el irrespeto de esta funcionaria del poder judicial quien al parecer no tiene conocimiento de la responsabilidad del periodista en sus tareas profesionales y considera que esto constituye un atentado contra la libertad de expresión.

 

         Lo peor de esta situación, es que nadie asume una responsabilidad para sancionar el abuso de autoridad de la funcionaria, que por su condición de Juez debería  ser más comedida en sus actuaciones.

 

                                     El otro caso, pero no menos grave, es el de Jorge Durán, tiene que ver con la denuncia públicas que formuló el colega Mario Villegas  el domingo 25 de abril, a través de Globovisión, y el lunes 26 de abril, a través de Unión Radio, así como de la denuncia gremial realizada ese mismo lunes 26 ante directivos del Colegio Nacional de Periodistas, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela.

 

          Durán falleció en una zona de la frontera con Colombia, que icen es inhóspita,  mientras realizaba su trabajo para la Dirección de Información y Comunicaciones del Ministerio de Interiores y Justicia. La denuncia, luego de un mes del suceso lamentable, señala que todo sucedió  en circunstancias dolorosas e incomprensibles y de las cuales hasta la fecha no han recibido debida explicación sus familiares, ni los gremios periodísticos ni la opinión pública.

 

        El día jueves 22 de abril, Durán (de 55 años) fue enviado en forma intempestiva y totalmente improvisada junto con una periodista y un camarógrafo, a una región abrupta, boscosa e inundada de lodo, ubicada a 200 metros de la frontera con Colombia, frecuentada por guerrillas, narcotraficantes y paramilitares, para la cobertura periodística del desmantelamiento de varios laboratorios de fabricación de cocaína, lo cual se había producido ese mismo día.

 

          Primero en motocicleta, luego en avioneta y helicóptero hasta La Fría, Táchira, y finalmente a pie, sin agua, ropa o calzado adecuados y sin custodia para una zona frecuentada por irregulares armados, el grupo de reporteros llegó hasta el lugar en el que había una gran cantidad de material químico utilizado en la fabricación de drogas. Allí los periodistas sufrieron desmayos, mareos y vómitos por la jornada extenuante y el calor, pero también por emanaciones de los productos químicos.  Tras una  brevísima permanencia en los laboratorios clandestinos desmantelados, todo esto según la denuncia presentada por Mario Villegas que se basó en testimonios de colegas que estuvieron en la zona, emprendieron el regreso en forma aún más penosa y apresurada. Lo último que se supo de Durán mientras estuvo vivo es que se había rezagado y avanzaba muy penosamente sin poder valerse por sí mismo ayudado por el gráfico de Reuters Julio Uribarrí. Quedó abandonado en la zona cuando los helicópteros militares levantaron vuelo, aparentemente por la cercanía de la noche, para cubrir el trayecto hasta La Fría, que es de diez minutos. A las 8 de la noche se informó de su muerte a sus colegas y once horas después a su viuda Lisbeth Torres, también periodista, quien recibió el ataúd sellado y no pudo hacer un acto velatorio.

 

       Ambos hechos revelan, entro otros casos, que la justicia en Venezuela está muy lejos de ser parte del slogan del Gobierno  que se llena los pulmones diciendo que “ahora Venezuela es de todos”, porque no puede ser de todos cuando los reporteros gráficos, cumpliendo sus labores, e incluso haciéndolo para el propio estado, son víctimas de atropellos, abusos de poder, e indolencia

          En una mesa redonda que organizó hace unas  semanas Cedice, el presidente del CNP, William Echeverría, recordaba otro caso de agresión institucional, aunque un poco más velado,  contra trabajadores de los medios de comunicación. En esta ocasión se trató de los trabajadores de la Cadena Capriles, cuando 12  periodistas resultaron  heridos,  8  de  ellos  de  consideración, mientras  protestaban en contra del articulado referido a los medios de comunicación en el proyecto de Ley de Educación, según declaró  María Alejandra Monagas, del  diario  Últimas  Noticias, al tiempo que aclara que “Nuestras únicas armas eran unos volantes explicándole a la gente que si se restringía la libertad de expresión no podrían denunciar los problemas de su comunidad”.

 

            En esta nueva confrontación violenta, 25 periodistas manifestaban, como ciudadanos aunque sean periodistas, y algunas personas empezaron a agredirlos de manera violenta. Monagas explicó que “Estábamos en un estado de indefensión donde nadie nos ayudaba”, y dijo que luego dos funcionarios con toda su calma se fueron en una moto y nos preguntaban si eran indigentes los que nos estaban atacando”.

            El director de Ultimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, manifestó en Unión Radio su “muy enérgica condenatoria a ese atropello salvaje que cometieron contra periodistas de UN en el momento en que estaban en la avenida Urdaneta expresando su posición contraria a la ley de Educación e inesperadamente fueron acosados, atropellados, y hasta pateados algunos de ellos, había damas, sin ninguna razón”. Recordemos que por mucho tiempo Últimas Noticias fue un medio de comunicación que apoyaba las gestiones del Gobierno.

        Considero que esta fue una agresión institucional velada, porque aunque los violentos no eran funcionarios públicos ni representantes del poder judicial, como en los casos anteriores, sí seguían líneas del poder central o al menos eso dicen ellos, que son los defensores del Presidente, y por eso se toman esas atribuciones de atacar a quien no haga loas a los deseos de quien debería gobernar para todos, y no para una parcialidad, y contra quienes salen a manifestar, como es el justo derecho de todos los ciudadanos.

 

     En los tres casos, y lamentablemente, hay muchos más, no se vieron, ni se verán, acciones contra los agresores,  ni contra quienes alientan estas actitudes poco ciudadanas, muy por el contrario, y  como una muestra de que Venezuela es el país al revés, probablemente, tanto la Juez, como los funcionarios del ministerio del Interior y Justicia, incluido el Ministro,   como quienes atacaron a los periodistas y reporteros gráficos de Últimas Noticias, sean premiados por sus servicios a la Patria, en defensa de los altos intereses del Presidente, y que las víctimas, terminen siendo culpables de lo que les pasó. O al menos, esa, es mi Visión Particular del tema 

 

 

 

 

 

 

 

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