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Un pequeño paso para detener la impunidad

Image Hosted by ImageShack.usEl 23 de noviembre del 2009, un convoy se dirigía a Maguindanao(Filipinas) para asistir a la inscripción de una candidatura en unas elecciones provinciales.  Unos cien hombres armados retuvieron los vehículos y asesinaron a por lo menos 64 personas, entre ellos periodistas, fotógrafos y camarógrafos. La cifra real de personal de los medios de comunicación que falleció ese día osciló entre 29 y 34 personas.

En la página web de Reporteros sin Fronteras se reseña que “según algunos periodistas presentes en el lugar de la masacre de la provincia de Maguindanao, el 23 de noviembre del 2009 los partidarios del gobernador Ampatuan habrían matado a un total de 29 periodistas. “Un baño de sangre que va más allá de la comprensión humana. He perdido a doce de mis colegas en esta matanza”, explicó a Reporteros sin Fronteras un periodista de Koronadal (Mindanao), tras acudir al lugar de los hechos”.

Esta situación, sin precedentes en la historia del periodismo, originó, además del repudio colectivo y mundial, que un un grupo de instituciones que defienden la libertad de prensa y de expresión en todo el planeta buscaran crear conciencia ante la impunidad que rodea a la mayoría de casos de asesinatos contra periodistas y exigir soluciones a los gobiernos.

Por esta razón, este 23 de noviembre del 2011 se conmemoró, por primera vez,  el Día Mundial Contra la Impunidad, ya que el caso de  Maguindanao es una muestra de la falta de voluntad y controles eficientes para atender las agresiones físicas contra comunicadores sociales.

El resultado de la investigación del caso Maguindanao fue que  Andal Ampatuan Jr, hijo del gobernador de la provincia Maguindanao y alcalde de Datu Unsay, además de miembro del partido presidencial, fue detenido. Según algunos testigos y oficiales del ejército, el gobernador dio su beneplácito para la emboscada, con el fin de impedir que  Esmael Mangundadatu, rival del clan Ampatuan, fuera candidato en las elecciones locales del 2010. Los asaltantes habrían violado, torturado y decapitado a algunas de las víctimas. La mayoría de los cuerpos han aparecido enterrados juntos, en fosas comunes.

Allá, aquí, y más cerca, la impunidad no tiene límites

Uno pudiera pensar que estos son hechos aislados que sucedieron en Filipinas, y no se repetirán, pero es que  en América Latina también hay masacres.  La violencia se extiende a la misma velocidad que se expande el narcotráfico por la región y los gobiernos no aciertan con políticas para administrar más justicia y prevenir crímenes.

La violencia estuvo una vez centrada entre la frontera de México y Estados Unidos. Pero, lamentablemente, eso es pasado reciente, y ya se sumaron cinco casos en Honduras, cinco en Brasil, tres en Perú, y otros cuatro en Colombia, Guatemala, El Salvador y República Dominicana.  Como en el resto del mundo, donde cayeron más de 500 comunicadores en el último lustro, son muy pocos los homicidios que se resuelven. Y como en general, están motivados por represalias, las investigaciones de esos casos generan mayor violencia. El crimen del periodista colombiano Orlando Sierra, ocurrido en 2002, es revelador. Nueve personas, entre testigos, policías y fiscales, fueron asesinados por el solo hecho de meter investigar el caso. Sucedió lo mismo con el periodista mexicano José Rodríguez Carreón, muerto en 2008. Unos cinco investigadores fueron exterminados y varios fiscales debieron renunciar o ser trasladados a otros estados, luego de recibir amenazas.

En un foro sobre seguridad celebrado entre la UNESCO y las Naciones Unidas, organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), denunciaron la falta de acción de los gobiernos para administrar justicia y proteger a medios y periodistas.

En México, por lo menos, y después de que la SIP lo viniera solicitando desde 1997, la Cámara de Diputados resolvió aprobar una reforma constitucional, accediendo a que los delitos contra la libertad de expresión, entre ellos los crímenes contra periodistas, sean considerados delitos del orden federal. La medida permitirá que los casos los absorba el estado nacional, ante la inacción de las policías y la justicia en el interior del país, ya sea porque carecen de los recursos necesarios para su trabajo o porque están coludidas con el crimen organizado.

En Perú, la Corte Suprema de Justicia adoptó una medida similar hace dos años, al crear tribunales especiales para procesar crímenes contra la prensa. En Colombia, el Congreso reformó el Código Penal agravando las penas para ese tipo de delitos y extendió el plazo de prescripción de 20 a 30 años. También, la Fiscalía Nacional reactivó más de una veintena de casos de periodistas que estaban a punto de prescribir, permitiendo que sus familiares abriguen la esperanza de justicia y reparación.

¿Y…Venezuela?

Por su actual situación política, social y judicial, Venezuela no escapa a los casos de impunidad que se viven en la región, en materia de agresiones a los periodistas. En el marco de la celebración del I Día Internacional Contra la Impunidad, iniciativa de la red Intercambio Internacional para la Libertad Expresión (Ifex, por sus siglas en inglés), que agrupa a más de 95 organizaciones que promueven y defienden la libertad de expresión en todo el mundo, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela) hizo un nuevo llamado al Estado venezolano, para que tome acciones que sancionen  a los responsables de ataques y agresiones contra periodistas.

El director Ejecutivo de Ipys Venezuela, Ewald Scharfenberg, al presentar los resultados del estudio: “Seguimiento de casos de impunidad en casos de agresiones a periodistas venezolanos”, mencionó que en Venezuela, siete de cada diez ataques contra periodistas, que han sido formalmente denunciados ante los organismos de justicia entre los años 2010 y 2011, permanecen impunes.

En este estudio se revisó el estatus de las investigaciones judiciales, de los casos de agresiones cometidas contra periodistas durante los años 2010 y 2011. La investigación indagó si los afectados denunciaron las agresiones y si el Ministerio Público investigó los hechos y sancionó a los responsables y si se otorgó alguna reparación a los afectados.

Scharfenberg dijo que el gran problema de la impunidad contra los periodistas está en que “una agresión que no tiene castigo puede estimular al agresor a continuar con su conducta y a cometer agresiones más graves, que pudieran llegar a atentar contra la vida de los periodistas, y que por supuesto impedirían la circulación de informaciones de interés colectivo”.

Pero además de la posibilidad del incremento en las agresiones a los periodistas, hipótesis que no es descartable ya que está demostrado que en épocas electorales aumentan los casos, los datos de la investigación mostraron que entre enero de 2010 y agosto de 2011, se registraron 73 agresiones físicas y de ellas, solamente 30 (26%) fueron denunciadas ante una autoridad, bien sea un cuerpo policial o ante el Ministerio Público. Lo grave de estas cifras, de acuerdo a  Scharfenberg, es que hay una cantidad de agresiones que no fueron denunciadas (43 casos en total, que representan el 74%).

Más grave aún, si lo anterior ya no lo es, resulta  que entre los argumentos de los periodistas para no ejercer su derecho a la denuncia ante las autoridades, que deberían ser competentes, está que no confían en que la justicia venezolana se encargue de una resolución de su caso o en otras ocasiones, aducen que sienten temor por sus vidas si acuden a un organismo público para indagar sobre su caso. Respuestas que muchas veces obtienen los periodistas de los ciudadanos que evitan denunciar cuando sus derechos humanos son vulnerados y los comunicadores sociales tratan de llevar adelante esas denuncias, mientras que cuando se refiere a casos personales no se concretan esas mismas denuncias.

La poca confianza que los propios periodistas manifestaron en la justicia  también se reflejó en otro resultado de la investigación,  en el cual solo 8 de los 31 casos denunciados (26% del total) tuvieron resolución judicial, o al menos los periodistas sintieron que hubo una reparación justa sobre su caso.

Esto indica además que 23 de esas 31 denuncias (el 74% del total) no tuvieron reparación y los agredidos, hasta la fecha del estudio, no habían recibido ninguna información sobre el estatus de las investigaciones de sus casos, por parte de las autoridades.

Como caso emblemático Scharfenberg recordó la agresión que en agosto de 2009 sufrió un grupo de periodistas de la Cadena Capriles cuando, en las calles del centro de Caracas, repartían volantes contra la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Educación. Resaltó que hasta ahora ninguna persona está detenida por este hecho, aunque fue un acto público y notorio, que quedó registrado en fotografías y cintas de video.

¿Dónde indagar?

Uno de los grandes problemas que se le presenta a los periodistas a la hora de hacer seguimiento a informaciones sobre ataques, atropellos y asesinatos de comunicadores sociales está en el poco, por no decir nulo, acceso que muchas veces se tiene a las fuentes oficiales.

Por ello, y para  contribuir a que los agredidos tuviesen herramientas que sirvan al indagar sus casos, IPYS Venezuela  ofreció apoyo e información para que ejercieran una petición de acceso a la información pública, derecho consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 51.

Scharfenberg también dio a conocer un microsite donde se alojarán, además de todos los resultados del Estudio, dos reportajes de investigación sobre casos de asesinatos de periodistas y trabajadores de medios que aún permanecen sin que sus responsables sean determinados o castigados.

Se trata de las muertes del reportero Jacinto López, en Barquisimeto (estado Lara) ocurrida en 2009 y del vicepresidente de Reporte-Diario de la Economía, Pierre Gerges, ocurrida en 2008.

Para las piezas multimedia se contó con el trabajo de profesionales de la investigación periodística en Venezuela, como los reporteros Adriana Rivera, César Batiz, Gustavo González y Jesús Yajure. “Esta experiencia nos ha permitido replicar un modelo que ya hemos visto en otros países, donde se conforman pools de periodistas para aclarar crímenes de colegas que la justicia no ha querido o podido resolver”, refirió el Director Ejecutivo de Ipys Venezuela. “En estos casos que fueron investigados, si bien se pasa revista a las diferentes hipótesis que se manejan sobre sus autores y móviles, la idea principal ha sido la de poner a la luz pública la parálisis que sufren, inmovilizados por complicidades aparentes entre poderes fácticos  y funcionarios”.

La dirección del microsite, vinculado al website oficial de Ipys Venezuela es www.ipys.org.ve/impunidad. aspx. Scharfenberg dijo que hanImage Hosted by ImageShack.us recibido mucho apoyo de la embajada de Canadá;  de hecho el representante diplomático de esa nación en Venezuela,  Paul Gibbard, estuvo durante la conferencia de prensa, dando su apoyo a esta iniciativa contra la Impunidad. También está la cuenta @ipysvenezuela para conocer más de lo que hace esta organización .

Para muestra un botón

Además de los casos reseñados por el IPYS Venezuela, recientemente en una página de Facebook apareció una denuncia de Luis Carlos Díaz Vázquez, a quien admito no conocer, señalando: “Ayer recibí mis primeras amenazas directas vía digital y telefónicas prometiéndome acciones en mi contra por mis actividades como ciberactivista. Así funciona el miedo: un grupo de radicales amenaza aprovechándose de las garantías de impunidad, el resto se tiene que callar. Pero no”.

En la página Proyecto Impunidad, crímenes contra periodistas, hay investigaciones por países, con nombre y apellido de los comunicadores sociales asesinados. Tal vez no están todos, no mencionan a Venezuela, pero si es una larga lista que llama a la reflexión, porque son procesos que en su mayoría mantienen un alto grado de impunidad, lo que demuestra la necesidad de investigar, de denunciar, de no “olvidar”, por eso este 23 de Noviembre es el Día Mundial contra la Impunidad, y debe ser motivo para que todos, periodistas, fotógrafos, ciudadanos que sienten vulnerados sus derechos humanos, salgamos a la calle, identificándonos con esta iniciativa, para manifestar y exigir respuestas de aquellos que, si bien son autoridades, deben recordar que son empleados de la población, no sus amos, y que no están por encima de las leyes, que muchas veces aprueban pero luego no cumplen, o esa es mi Visión Particular.

Día Mundial contra la Impunidad

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